Desarticulada una organización que se dedicaba al tráfico ilegal de residuos peligrosos

La actividad se desarrolló en un Centro Autorizado para el Tratamiento de Vehículos Fuera de Vida (CAT), ubicado en la Comunidad de Madrid, y utilizó una red de empresas vinculadas a la gestión de este tipo de vehículos, principalmente motocicletas. y ciclomotores, distribuidos por varias provincias españolas, para exportarlos ilegalmente, como vehículos usados, a varios países africanos, además de Italia, Portugal y Polonia.

Esta empresa adquiriría vehículos no matriculados, concretamente motocicletas y ciclomotores, que eran considerados residuos peligrosos, para su gestión como residuos, pero en lugar de descontaminarlos y venderlos como piezas, los exportaba como vehículos usados, principalmente a países africanos, pero también para Italia, Portugal o Polonia y, en menor medida, para particulares de distintos puntos de España. Fueron transportados completos y declarados como bienes de segunda mano, evitando así las prohibiciones de exportación de residuos peligrosos.

Los vehículos fueron comprados como chatarra a un precio muy bajo y vendidos sin ningún tipo de tratamiento como vehículos usados, lo que incrementó considerablemente el margen de beneficio. Además, estos servicios no fueron declarados como parte de la actividad legal de la empresa, que existía, defraudando al erario público y logrando incrementar sus ganancias.

La empresa también está investigada por un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que parte de la plantilla eran operarios, sin contrato de trabajo. La mayoría de los pagos se realizaron en efectivo y sin factura. Además, habían almacenado una gran cantidad de residuos peligrosos en parcelas no autorizadas que excedían el tiempo máximo permitido para este tipo de almacenamiento.

Esta práctica irregular habría generado elevadas ganancias a los miembros de la organización, quienes gozaban de un alto nivel de vida y adquirían innumerables bienes muebles e inmuebles, abriendo fondos de inversión y vehículos de alta gama, además de ser utilizados como capital social en la constitución. de otras personas, acciones legales que engrosaron la estructura corporativa. Se identificaron activos por valor de 5 millones de euros, que actualmente se encuentran bajo control judicial.

Contaba con una estructura criminal perfectamente organizada y jerarquizada, en cuya cima se encontraban dos administradores de la empresa, quienes se encargaban de dirigir, coordinar y planificar todas las actividades irregulares.

Bajo sus órdenes se encontraban otras dos personas dedicadas a tareas administrativas y de facturación. Su labor fue fundamental, por la gran cantidad de vehículos que ingresaban al CAT, para registrar, estructurar y contabilizar los distintos rubros. Se encontró que existían dos cuentas, una oficial y otra oculta, esta última utilizada para obtener beneficios sin contribuir a los impuestos que exige la normativa tributaria.

Una tercera etapa, también dentro de la empresa, estuvo integrada por 10 operarios que realizaron las labores de gestión de residuos, retirando los números de chasis y placas de las motos, para que no pudieran ser relacionados con el CAT luego de ser utilizadas para la venta. ni con el correspondiente Certificado de Destrucción, ya que algunas de las motos procedían incluso de robo.

Finalmente, nos encontraríamos con una serie de clientes y transportistas encargados de la adquisición y traslado ilegal de estos vehículos y una red de proveedores, que habrían aportado casi 300 toneladas de motocicletas y ciclomotores al final de su vida útil para la central. (algunos de ellos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad) sin tratamiento y sin autorización, ni cumpliendo con los procedimientos obligatorios.

Además del aspecto ambiental, este tipo de actividad delictiva también busca evadir el pago de impuestos por los servicios prestados y las ventas realizadas. A su vez, están asociados a estructuras cuyo objetivo es el blanqueo de bienes obtenidos ilegalmente.

La investigación dio como resultado la detención de 25 personas naturales y la investigación de otras 5 personas jurídicas y la investigación económica asociada, se encontró que, justo en el tiempo transcurrido de la investigación, la red criminal habría obtenido información ilícita beneficiándose de más de la mitad. un millón de euros.

En los distintos registros se utilizó para el análisis considerable material documental e informático, cerca de 4.000 euros en efectivo y una máquina contadora de billetes, así como diversas armas y municiones.

A los detenidos se les imputan diversos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, contra los derechos de los trabajadores, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, entre otros.

El objeto social de las CAT es la correcta gestión de los residuos con el fin de generar el menor riesgo posible al agua, aire, suelo, flora y fauna, lo que implica costos que luego serán asumidos por la venta de los elementos, por partes, valorados. . . La incorrecta o inexistente gestión de estos vehículos redujo los gastos de gestión de residuos y reportó ganancias fraudulentas.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Juzgado nº 6 de Valdemoro (Madrid), llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) en la Sede del SEPRONA en estrecha colaboración con la Subdirección General de Economía Circular del MITERD, y con el apoyo del Grupo de Investigación de Grupo Central de Tráfico (GIAT), Unidades de Investigación de la Compañía de Aranjuez (Madrid) y EUROPOL.