Redistribuir la riqueza ante inflación y guerra

La invasión imperialista rusa de Ucrania se prolongará, amenazando la paz y la estabilidad y amplificando los efectos que ya está teniendo en las economías de todos los países europeos. Y la inflación no será un fenómeno coyuntural, sino que se mantendrá al menos a lo largo del año en niveles máximos, por encima del 7%, manteniendo una subida de precios que, lejos de disminuir, se acelera. Un escenario donde cada vez más organizaciones y analistas anticipan que esto conducirá a una recesión, a una nueva crisis en Europa.

Una situación que afecta especialmente a nuestro país. Sufrimos con especial intensidad el robo oligárquico-imperialista que se esconde detrás del aumento de la inflación. Si estamos soportando una inflación por encima de la media de la Unión Europea es porque los oligopolios de la electricidad y el petróleo imponen un precio de la energía más alto. Mientras que bancos y oligopolios del Ibex-35 reparten en el primer trimestre a sus grandes accionistas -principalmente grandes fondos extranjeros- dividendos que casi duplican los del año anterior, y anuncian unos beneficios récord para 2022 que superarán los 50.000 millones de euros.

España es el segundo país europeo -sólo nos supera Grecia- donde las clases populares han perdido más poder adquisitivo gracias al mordisco de la inflación. Y tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo anuncian que España debe realizar en 2023 -el próximo año- un "ajuste del gasto público", palabras que siempre significan nuevos recortes para el 90% de la población.

Nadie puede negar la urgente necesidad de un plan de choque contra los efectos de la inflación. Lo que estamos jugando es si, para proteger los beneficios del capital extranjero y oligárquico, se impone un nuevo recorte de salarios y condiciones de vida a la mayoría.

Solo ayuda urgente?

El decreto aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario supone una inyección de 9.000 millones de euros que, sumadas a las medidas ya aprobadas en abril, supondrían una inversión total de 15.000 millones este año para combatir los efectos de la inflación.

¿Es este el "plan de choque" que necesitan las clases populares y el país en su conjunto para enfrentar la grave situación actual? No. ¿Será capaz de revertir el empobrecimiento de las clases populares y el aumento de la desigualdad que ya dispara la inflación? No.

La gran mayoría de las medidas propuestas son ayudas sociales que benefician a la población, especialmente a los sectores más vulnerables, y que debemos apoyar. Apoyamos la concesión de un cheque de 200 euros a las familias con menos ingresos, el aumento de las pensiones más bajas o del valor del Ingreso Mínimo Vital en un 15% y la rebaja del precio del abono de transporte.

Pero esta no es una política de redistribución de la riqueza. Sigue la línea de “proteger a los más débiles a través de un escudo social”, consistente en ayudas más o menos generosas pagadas por el Estado, a través de ayudas directas o desgravaciones fiscales. Puede contener el daño, mitigar los efectos del alza de precios en algunos sectores, pero no evitar que el empobrecimiento general de la población y las desigualdades sigan aumentando.

¿Por qué no redistribuir la riqueza?

Pero al mismo tiempo, bajo el actual gobierno de coalición de izquierda, las ganancias de los bancos, los oligopolios y el capital extranjero no solo no se han recortado, sino que han aumentado a pesar de la pandemia y los estragos de la inflación. Es especialmente significativo que España no permita, en política económica, medidas que se están aprobando en otros países.

En España, la mera mención de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de los oligopolios de la electricidad, el petróleo y el gas provocó una tormenta política. Pero esta medida ya la están aplicando gobiernos que no sospechan del “izquierdismo”. La italiana -encabezada por el banquero Mario Draghi, el que firmó los billetes de euro antes que Lagarde- aprobó un impuesto para gravar el 25% de las prestaciones extra de las eléctricas -aprovechando la subida de los precios de la electricidad- para financiar un paquete de ayudas. Y un Gobierno como el de Boris Johnson, en Reino Unido, ha aprobado un impuesto extraordinario, también del 25%, sobre los vertiginosos beneficios de las empresas de petróleo y gas, con el que pretende recaudar 6.300 millones.

¿Por qué no se puede aplicar en España lo que se aplica en Italia y Reino Unido?

Apoyamos todas las medidas impulsadas por el actual gobierno que beneficien a la población, aunque de manera limitada y parcial. Defendemos una política de apoyo y reivindicación al gobierno de coalición de izquierda.

Pero ningún "escudo social" podrá proteger a las clases populares del robo oligárquico-imperialista que conlleva la inflación. Esto sólo puede lograrse con una auténtica política de redistribución de la riqueza, que impida que los oligopolios de la electricidad y el petróleo nos impongan un precio de la energía artificialmente alto; que protege las pensiones en la Constitución -frente a los intentos de recortarlas, afirmando que "no será posible actualizarlas en base al IPC"- y que grava con una reforma fiscal progresiva los escandalosos beneficios, en plena crisis, de los bancos, los oligopolios y el capital extranjero.

Se necesita cada vez más una unidad más amplia en torno a un programa de redistribución de la riqueza, la única alternativa que puede ofrecer una solución duradera a las demandas urgentes.